Tras la reciente publicación del Anteproyecto de Ley de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es la trasposición a la normativa española del Reglamento Europeo sobre esta materia, diversas empresas han expresado su preocupación por una cuestión concreta: el texto actual del anteproyecto deja fuera a las administraciones públicas del régimen sancionador previsto en caso de uso indebido de esta tecnología.
Así, aunque la propuesta legislativa contempla un sistema de infracciones clasificadas por niveles de gravedad con sus respectivas sanciones, estas sólo resultan de aplicación a la entidades privadas. Esto ha sido interpretado por varios agentes del sector como un posible trato desigual frente a las obligaciones impuestas a las empresas, lo que podría suponer un agravio comparativo respecto a estas.
Durante el plazo de audiencia pública, algunas de las citadas entidades presentaron alegaciones en relación con esta cuestión, por cuanto el articulado del anteproyecto establecía que, cuando un organismo público cometiese una infracción, se dictará una resolución apercibiendo a la entidad y estableciendo las medidas que se deben implementar, pero sin que se pueda imponer multa alguna. Y ello a pesar de que el Reglamento Europeo sí contempla la posibilidad de sancionar a las autoridades y organismos públicos, permitiendo a los Estados establecer un régimen de sanciones y multas a dichas administraciones.
Es por ello por lo que el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado una reunión con algunas de estas asociaciones que han puesto de manifiesto esta circunstancia relativa a la ausencia de régimen sancionador en el anteproyecto para las administraciones públicas.