El EDPB y la AMLA han anunciado el inicio de un trabajo conjunto para elaborar unas Directrices cuya finalidad es aclarar cómo debe llevarse a cabo el intercambio de información en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La iniciativa responde a la necesidad de ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los sujetos obligados como a las autoridades competentes.
Este intercambio de información es esencial para detectar y prevenir operaciones vinculadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo. En este contexto, el artículo 75 del nuevo Reglamento europeo en materia de prevención del blanqueo permite que los sujetos obligados compartan determinada información entre sí y con las autoridades públicas, siempre que ello se realice dentro de unos límites definidos (régimen que será aplicable a partir del 10 de julio de 2027).
Lo anterior implica, necesariamente, el tratamiento de datos personales, por lo que el intercambio de información debe realizarse respetando las obligaciones impuestas en el RGPD y aplicando adecuadamente las medidas de seguridad que garanticen el correcto tratamiento de los datos. Es por ello por lo que estas Directrices conjuntas tendrán como objetivo aclarar cómo compatibilizar ambos marcos normativos, facilitando criterios prácticos para todos los actores implicados.
Ambos organismos prevén recabar la opinión del sector y de las partes afectadas para lo que organizarán un evento con el fin de identificar las cuestiones que requieren mayor aclaración y, posteriormente, someterán un borrador a consulta pública durante el primer semestre del año 2027.
