El Gobierno de España, a través de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado la iniciativa normativa para aprobar un nuevo sistema de registro de jornada para las empresas.
Así, se prevé que el nuevo registro deba implementarse y gestionarse exclusivamente de forma digital, no pudiendo utilizarse otros sistemas como hojas en papel. Del mismo modo, las anotaciones, que deberán permitir identificar a la persona que las lleve a cabo, incluirán información detallada relativa al inicio y fin de la jornada, las pausas o las horas extraordinarias que se realizan (indicando la hora y el minuto exacto en el que estas se producen), así como la modalidad de trabajo. Estas anotaciones deberán conservarse durante cuatro años, estando disponibles digitalmente para la Inspección de Trabajo, que podrá acceder de forma remota e inmediata a los registros (lo que incrementa significativamente el poder de supervisión del organismo y obliga a las empresas a cumplir con la normativa).
Habida cuenta de la digitalización de este sistema, el mismo debe garantizar la trazabilidad de las modificaciones, de modo que permita identificar tanto al trabajador como al responsable que haya efectuado cualquier cambio en el registro.
En un primer momento, se ha informado de que, salvo excepciones, no se va a permitir utilizar sistemas que traten datos biométricos (huella digital o reconocimiento facial) por motivos de seguridad y privacidad.
Una vez se publique en el BOE, las empresas dispondrán de 20 días para adaptarse. Así, diversas fuentes calculan que esta normativa entrará en vigor a principios del año 2026, una vez se hayan evacuado positivamente los informes preceptivos y se haya procedido a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Como es lógico, esta nueva medida supone una transformación para las empresas (especialmente para las pequeñas y medianas), por cuanto deberán implementar soluciones tecnológicas que garanticen la fiabilidad del registro, así como el acceso inmediato o la seguridad de datos, lo que incrementará sus costes operativos. Asimismo, se ha indicado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa que esta decisión puede suponer un problema para aquellas entidades que carecen de personal con aptitudes o competencias necesarias para gestionar este tipo de registros digitales (sobre todo en el medio rural).
